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Al comparar la trayectoria histórica de distribución de la riqueza en los países de Europa Occidental, Norteamérica, Australia y Japón con la de los países latinoamericanos, se confirma una estrecha relación entre desigualdad y corrupción. Así lo evidencia el análisis del fenómeno con tres indicadores diferentes.
Un aspecto fundamental de la trayectoria histórica de cada sociedad tiene que ver con la forma como se produce y se distribuye la riqueza y el papel que juega el Estado para corregir graves desigualdades. En sociedades desiguales, donde el poder económico y político está concentrado, los poderosos tienen más oportunidades para violar la ley pues poseen diversos recursos para prevenir que la justicia los castigue. Su ejemplo cunde y se extiende la idea de que apropiarse de lo público y sacarle el quite a la justicia es un privilegio personal o un signo de astucia, reconocido por la sociedad.
Por el contrario, en sociedades relativamente igualitarias, no está bien visto enriquecerse a costa de los recursos públicos; quien lo hace, se expone a una fuerte reprobación social. Al carecer de recursos sociales para impedir la acción de la justicia, lo más probable es que el corrupto termine pagando por su crimen. Esta relación no se cumple en todos los casos pues existen mecanismos que producen efectos contrarios.
Al estudiar el fenómeno con el Índice de Desigualdad Palma, llamado así por el economista José Gabriel Palma, varios analistas han mostrado que la clave de la dinámica de la desigualdad está en los extremos de la distribución del ingreso: el 40 % más pobre y el 10 % más rico. A diferencia del coeficiente Gini –usualmente utilizado para medir la desigualdad- el índice Palma es bastante claro y mucho más efectivo para captar diversas dinámicas de desigualdad: bajas o intensas.
La medida de corrupción utilizada en el análisis son el Índice de Percepción de la Corrupción de la ONG Transparencia Internacional, y el de Índice de Control de la Corrupción, del World Justice Project que, de todos los Índices usados por el Banco Mundial, es quizá el más preciso.
En ambos casos, la relación entre desigualdad y corrupción es bastante fuerte. Conviene observar que esa relación no es lineal, es decir, no siempre se cumple el principio de que a menor corrupción menor desigualdad.
La experiencia en otras partes del mundo
La historia de la reducción de la desigualdad en Europa es más o menos conocida. En la mayoría de los países de ese continente, el movimiento obrero obtuvo grandes reivindicaciones en el contexto de la lucha democrática, entre las que se cuentan mejores salarios y acceso universal a la salud y la educación. No obstante, varios estudiosos, incluido el economista francés experto en temas de desigualdad económica Thomas Piketty, coinciden en señalar que la devastación causada por la Primera y la Segunda Guerra Mundial fue decisiva para el surgimiento de un consenso favorable a la reducción de las desigualdades acumuladas históricamente.
Eso no significa que los cataclismos bélicos son el único camino para reducir la desigualdad y, por ese camino, la corrupción. El Estado de Kerala, uno de los 29 de la India, tiene un producto regional bruto inferior al de los demás Estados, pero uno de los más bajos índices de desigualdad.
Sus logros en desarrollo humano han sido destacados por numerosos economistas, incluido el Nobel de Economía Amartya K. Sen. Por tanto, no debería causar sorpresa el hecho de que una reciente encuesta haya revelado que Kerala es el Estado menos corrupto de India. Donde el poder económico y político no está concentrado, los corruptos no tienen mucho chance de salirse con la suya.
Sin embargo, el caso de los antiguos países comunistas como Rusia, Ucrania o Bulgaria muestra que no en todas partes se cumple el principio de que a menor desigualdad, menor corrupción. Después de su tránsito al capitalismo, en todos ellos aumentó la desigualdad, aunque en algunos más que en otros. En varios Estados surgieron oligarquías poderosas que se apropiaron de muchos activos de propiedad estatal en el pasado. Aunque esos países son en promedio mucho más igualitarios que los latinoamericanos, varios de ellos son a la vez tan corruptos como éstos e, incluso, más.
La explicación de esta situación tiene que ver con las distorsiones creadas por una economía centralizada en el manos del Estado, controlada por burócratas que distribuían favores personales, la cual coexistía con mercados negros donde la gente intercambiaba bienes y servicios por fuera de los circuitos legales. De este modo, la corrupción se convirtió en una forma relativamente normal de hacer las cosas cuya influencia aún se siente hoy. Por supuesto que la extensión de la corrupción tiene mucho que ver con el referido surgimiento de oligarquías poderosas para las que el imperio de la ley es una expresión que no significa mucha cosa.
Parafraseando el conocido dicho, muchos colombianos preferirían vivir con los índices de corrupción de Dinamarca (que son muy bajos) pero con los índices de desigualdad de Cundinamarca (que son muy altos) esto es, querrían un país honesto pero con mucha desigualdad.
Para que la corrupción disminuya en Colombia es preciso reducir la desigualdad. Este objetivo se podría lograr con reformas que le den reversa al grave fenómeno de concentración de poder económico y político existente. El régimen político colombiano es una oligarquía competitiva en la que el acceso a los altos cargos del Estado es un privilegio de pocos y en la que los elegidos sirven principalmente a los intereses de grandes conglomerados, no al conjunto del país.
Así como la izquierda tiene que convencerse de que las políticas redistributivas requieren del imperio de la ley y del fortalecimiento de la confianza personal, la derecha debería convencerse de que la reducción de la corrupción implica necesariamente la disminución de la concentración de la riqueza y del poder político.
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