Comunicado
Sandra Morelli se permite informar que en 4 años los beneficios del control y vigilancia fiscal realizados fueron de más de 32 billones de pesos contando el valor inicial d…e las concesiones revertidas, sistematizándose todas las funciones misionales de la entidad, se fallaron más de 1.268 procesos de responsabilidad fiscal y se creó y puso en marcha la oralidad.
Los campesinos, las negritudes, los indígenas, los desplazados, las víctimas de desastres, exigieron y exigen la presencia de la Contraloría como única entidad garante para el cumplimiento de compromisos y respeto a sus derechos.
En orden a su misión institucional y al ejercicio del Control Fiscal, la Contraloría General de la República, determinó una defraudación sistemática y abismal al Sistema de Seguridad Social en Salud, identificando y sancionando a personas con vínculos personales y económicos con el señor Fiscal General de la Nación.
Pese a la utilización de mecanismos legítimos como denuncias, acciones de tutela e incidentes de recusación, éstas no prosperaron en tanto que el señor Fiscal General, activó centenares de acciones para examinar desde una óptica criminal, la gestión de la Contraloría General de la República, abriendo un sin número de indagaciones preliminares y logrando para su propio beneficio, que los Magistrados Malo Fernández, Salazar Otero y Luis Guillermo Guerrero, declararan un fuero integral, inexistente por demás en la Constitución Política de Colombia, que le permitiera al Señor Fiscal General y a Saludcoop despilfarrar billones del erario público en extrañas adquisiciones, contrataciones y nombramientos tendientes a cooptar sectores políticos, económicos y comunicadores.
Incluso es de conocimiento, que en su propia casa el Señor Fiscal General en alto grado de alicoramiento, brindaba por la forma magistral en que venía aniquilando y opacando a la señora Contralora General de la República y al Procurador General de la Nación, sin ahorrar adjetivos soeces y altas voces de triunfo. Que de la misma manera, se ufanaba en público de que el señor Presidente de la República le debía el triunfo de la reelección, situación que lo hacía “todopoderoso”.
Que a la señora Contralora General, se le montaría un carrusel de delitos, entre los que se contarían la celebración indebida de contratos, el enriquecimiento ilícito en favor de terceros, prevaricato, extralimitación de funciones y otros, que justificaran la prisión intramural y la consecuente entre de su hijo menor al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
Que en reiteradas oportunidades el señor Vicefiscal General de la Nación, Dr. Jorge Fernando Perdomo Torres y el empresario Alberto Ríos, manifestaron a voz populi y a través de expresiones injuriosas, que a la Señora Contralora y a su pequeño hijo se les daría su merecido.
Tan aberrantes y despóticas resultaban y resultan dichas intenciones, que incluso se consideró por parte del ente acusador, realizar peritazgo psiquiátrico con el que se pudiera soportar privarla de la patria potestad de su menor hijo. Ahora bien, que en relación con el Contrato de Arrendamiento de la Sede la
Contraloría General de la República, Edificio Gran Estación II, la suscrita quien fungió como Contralora General de la República se permite aclarar:
1. El Contrato de Arriendo se celebró en forma directa, al tenor de lo que indican las normas de que trata la Ley 1150 de 2007.
2. Permanecer en la sede anterior, esto es, en la Torre Colseguros y Edificio Crisanto Luque, imponía de conformidad con las normas de la OIT:
• Garantizar seguridad del cuadrante, considerando el sector como uno de los más peligrosos de la ciudad.
• Lograr la descontaminación del aire que supera estándares así:
• Invertir cifras, como las que erogaron entidades como el Banco Cafetero o Bancolombia, por citar apenas dos ejemplos, ello sin considerar, el tiempo
empleado.
• Tal como lo dictaminaron “Jardine Lloyd Thompson: Valencia & lragorri Corredor de Seguros (marzo de 2009)”; “ARP Sura (Febrero de 2011)”; “Pirocontrol (marzo de 2011)”; “Organización de Rescate Humbolt (Abril 2011)”, entre otras, existían condiciones riesgosas que soportaron el traslado de la CGR a la nueva sede y que tenían que ver entre otras cosas, por tratarse de edificios construidos bajo normas y conceptos caducos que no respetaban además las actuales normas sobre sismo resistencia, teniendo espacio insuficiente, geometría inadecuada, dispersión del recurso humano y tecnológico y bajas condiciones de salubridad dados los conductos de aire o sistemas de respiración, entre otras variantes.
La antigua sede no respetaba la necesidad de espacio por metro cuadrado que refieren las normas internacionales sobre trabajo, de hecho el espacio por
funcionario no sólo era la tercera parte del exigido, sino que era menester encontrar sede para 600 personas, sin contar la planta adicional de regalías de
200 más, que carecían literalmente de un puesto de trabajo.
Aún de adecuarse la antigua sede, no sólo se invertirían cuantiosos recursos, habría que seguir pagando arriendo por las áreas de la plataforma de la Torre,
sino que casi la mitad de las personas continuarían sin un puesto de trabajo, aclarando además que la inversión en áreas comunes debía ser asumida por la
Contraloría General de la República en su totalidad pues la propiedad condominial (coopropietarios) no planeaba financiar el 47% que le habría
correspondido.
Aunado a lo anterior, por tratarse de un edificio de interés arquitectónico y cultural, no era posible alterar la fachada, de manera tal que no se podían
adecuar escaleras externas para evacuación, entre un sin número más de pormenores que hicieron no sólo necesario sino justificable el cambio de sede
de la CGR, en tanto los funcionarios requerían de espacios dignos de trabajo.
3. Valga aclarar, que el inmueble adquirido para arrendamiento, esto es, el Edificio Gran Estación II, estuvo dos meses antes de ser ocupado en su totalidad, disponible para adecuaciones y ocupación parcial, motivo por el que canceló el debido alquiler como ha pasado y viene pasando en un sinnúmero de casos de la administración pública.
4. Que el inmueble se encuentre en un Proceso de Extinción de dominio, es una circunstancia que no fue señalada, publicada o mencionada por la Fiscalía General de la Nación, a lo sumo de manera oficial.
5. En relación con lo anterior, sea menester aclarar que el contrato de arrendamiento de la sede Gran Estación II, si bien se suscribió con la sociedad mercantil PROYECTOS Y DESARROLLOS I S.A. siendo su representante legal el señor Rafael Augusto Salazar López, como beneficiarios de los inmuebles dados en arriendo, la propiedad de los mismos estuvo y está en entidades del sistema financiero como el Banco de Occidente, Leasing de Occidente, Fiduciaria de Occidente y Fiduciaria Central.
6. Las citadas entidades han estado y están vigiladas por la Superintendencia Financiera y son responsables de llevar un sistema de prevención y vigilancia del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo (SARLAFT), que supone está en comunicación en línea con la UIAF (Unidad de Información y Análisis Financiero), como titulares de los derechos patrimoniales sobre las oficinas donde hoy funciona la Contraloría General de la República, en relación, sea menester precisar que los predios sobre los cuales se construyó el centro comercial Gran Estación, han estado desde el año de 1997, bajo la supervisión de entidades financieras.
7. Finalmente, en lo que respecta a la obstrucción a la justicia, considero que el Proceso Penal sigue su curso, por lo que se espera que la Defensoría designe un apoderado de oficio, como quiera que quien había fungido como apoderado de confianza de la suscrita, ha renunciado a mi defensa e informado a la Fiscalía General de la Nación de mi salida del País.
Semanas atrás, se me advirtió del alto riesgo que corría de detención intramural pese a mi condición de madre cabeza de familia, que de darse una medida de seguridad se retirarían las medidas de protección existentes a mi señora madre y familia en general, por lo que quedaría po- cuenta del INPEC, motivo por el que consideré conveniente salir del País, a lo sumo hasta tanto considere que realmente se está dando respeto a mis garantías procesales y a mis derechos fundamentales y a los de mi hijo menor de edad.
No es mi intención evadir la justicia, por el contrario, considero que mis acciones encuentran el debido soporte que a la postre saldrá a relucir, no obstante, tal como lo he sostenido en las últimas fechas, consideró que las investigaciones que cursan en la Fiscalía General de la Nación, carecen del respeto a mi derecho de defensa, debido proceso, presunción de inocencia y derecho de contradicción y están viciadas por completo de objetividad e imparcialidad.
Sigo haciendo uso de las herramientas legales existentes, esperando que la verdad se sobreponga sobre el cúmulo de farsas que se tejieron en torno a mi gestión como Contralora General de la República.
