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“El aumento del impuesto predial en Cúcuta tiene en ascuas a los contribuyentes, quienes consideran que esa contribución que se cobrará a partir de este año, basada en la actualización que se hizo en el avalúo catastral y las tarifas dispuestas por el Concejo, sobrepasa en mucho su capacidad económica. ¿Por qué se llegó a ese desbordamiento?
Funcionarios de diferentes instancias se han pronunciado al respecto, sin que se haya podido encontrar la fórmula que alivie la liquidación que la Administración Municipal ya tiene lista y que representará un recaudo para sus arcas superior a los $ 100.000 millones en el 2012, contra $ 32.000 millones que fue lo presupuestado en 2011.
¿Qué participación tiene en ese asunto fiscal el Instituto Geográfico Agustín Cadazzi, que es el ente oficial encargado del avalúo catastral? El director de ese establecimiento en Norte Santander, Oswaldo Martínez Andrade, le explicó a La Opinión lo que se hizo.
-La ley define al Instituto Geográfico Agustín Codazzi como la máxima autoridad catastral del país, a excepción de las ciudades de Bogotá y Medellín que tienen descentralizado ese manejo. En tal sentido, para el resto de ciudades grandes e intermedias es a quien le compete formar, conservar y actualizar el inventario catastral, incluidas las áreas urbanas y rurales. Este mandato legal hace parte esencial del objetivo misional de la institución. Sobre esa base el Instituto procedió el año pasado mediante un convenio interadministrativo con el Municipio y la Corporación Autónoma Regional de la Zona Nororiental a ejecutar un proceso de actualización de esa formación catastral tomando en cuenta el atraso en que se encontraba, pues desde el 2004 estaba paralizada la actualización. Ese ajuste determinó unos nuevos valores acordes al mercado inmobiliario de la ciudad. En todo este tiempo se dio el auge de la construcción con grandes centros comerciales, edificios de apartamentos aun en sectores donde en años anteriores no había nada semejante, como es el caso de Atalaya, que aunque poco, se inició un nuevo desarrollo urbanístico, dando por resultado cambios en la realidad de la oferta y la demanda inmobiliaria. Todo ese boom generó alzas inusitadas en los costos de la construcción y por eso el incremento catastral que proviene de la actualización que se hizo y que hoy es motivo de preocupación entre los propietarios de bienes inmuebles.
Martínez explica, además:
-En resumen, podemos decir que entregamos al municipio de Cúcuta el insumo, el producto sobre el cual se fija el impuesto predial conforme a disposiciones del Concejo.
¿Qué tanta incidencia tiene en el valor del impuesto lo hecho por el Agustín Codazzi, aun tomando en cuenta el atraso en la actualización catastral?
-El proceso de actualización se hizo en cinco ciudades capitales del país, que fueron Cúcuta, Pereira, Pasto, Villavicencio y Tunja con resultados muy coincidentes. Todas tenían atraso. Pero en Cúcuta se plantea una situación muy particular, que incide en forma muy determinante en el precio del impuesto predial. Como los valores catastrales venían desactualizados, muy por debajo de la realidad del mercado inmobiliario local, las autoridades municipales y el Concejo con el propósito de incrementar el recaudo del predial, que es la principal fuente tributaria con que se cuenta, desde años atrás las había elevado por encima de las de otras ciudades, hasta el punto de ser las más altas. La Administración pasada a pesar de su conocimiento del impacto que tendría el avalúo catastral sobre el predial no tomó ninguna iniciativa en el sentido de amortiguarlo. Lo que se pretende ahora, como es aplicar un mayor porcentaje de descuento, previa autorización del Ministerio de Hacienda o la reducción del tope de las tarifas, debió hacerse en 2011. Este hecho es el que incide de manera más directa en que hoy los cucuteños tengamos que pagar un predial por encima de la capacidad de ingreso de muchos contribuyentes. Independiente de la estructura tarifaria que apliquen las ciudades, el Instituto se limita a registrar una realidad objetiva que está en relación con el mercado inmobiliario. Puede ser que por fenómenos diferentes a la vuelta de unostres o cuatro años encontremos que esa realidad inmobiliaria haya provocado una reducción del costo de la construcción y que los avalúos estánpor debajo de lo que se encuentran hoy. Lo que quiero decir es que la determinación de l precio del avalúo catastral no está supeditado a un capricho del Instituto. Es el resultado de la aplicación de una metodología ajena a la voluntad de los funcionarios.
¿En qué nivel el Municipio pudo mitigar ese impacto con una determinación oportuna?
-En un nivel bastante significativo. En una conversación que tuvimos con la Subdirectora Nacional de Catastro hace aproximadamente un mes, quedó sorprendida pero en extremo al conocer las tarifas que se aplicaban a la población cucuteña. Ella ponía este ejemplo: a un apartamento en Bogotá en el estrato 4 se le aplica una tarifa del 6.5 por mil mientras que en Cúcuta, en el mismo estrato y de especificaciones semejantes, es el doble, o sea 12.5 por mil. Es inequitativa esa estructura tarifaria y es la que está provocando el nivel a que ha llegado el impuesto predial, al punto que haya provocado tanta incertidumbre y la inconformidad de los cucuteños.
¿Cuál es el período establecido para la actualización catastral?
-La ley dispone que el proceso de actualización catastral se debe hacer por lo menos cada cinco años. Teniendo en cuenta los antecedentes de que por falta de gestión de los municipios no se hacen convenios oportunos con el Agustín Codazzi, lo que lleva al atraso de esos valores catastrales, se producen impactos como el de Cúcuta en la actualidad. La ley 1450 que contiene el Plan de Desarrollo propuesto por el presidente Santos obliga a que de ahora en adelante las actualizaciones se lleven a cabo de manera constante. Se introduce un concepto nuevo. El Instituto está obligado a que una vez se culmine la actualización que se está haciendo en el resto del país y en aquellas ciudades con más de 50.000 predios, año a año se proceda a la actualización, focalizada donde ha habido un desarrollo urbanístico de mayor impacto.
¿Cabe la posibilidad de acudir a un recurso de revisión de lo que se hizo?
-Hasta donde entiendo esa posibilidad existió si se hubiera diligenciado de manera oportuna, antes de que entrara en vigencia el estudio de actualización. Cúcuta tiene otra particularidad y es que está comprometida con un plan de desempeño, exigido por el Ministerio de Hacienda, dadas las dificultades en sus finanzas. Y todo lo que se haga en relación con sus recursos fiscales debe contar con la previa autorización del Ministerio. Por eso creo que en este momento no cabe una revisión.
¿Y el Concejo podría introducir algún alivio real para los contribuyentes?
-Creo que el Concejo ha hecho lo que era de su competencia, conforme a la ley y fue el de incrementar el porcentaje de descuento. Ahora no es posible modificar la estructura tarifaria. Esto podría ser para el 2013.
¿Y cómo están los demás municipios en cuanto a actualización catastral?
-La ley 1450 le impone al Instituto la obligación de tener al año 2014 actualizadas catastralmente el 90 por ciento de las ciudades del país, incluyendo las zonas urbanas y rurales. Norte de Santander tiene particularidades que facilitan de alguna manera nuestra labor. No son tantos los municipios en comparación con Santander, Boyacá o Antioquia. Nosotros apenas tenemos 40 municipios y con excepción de Cúcuta, Ocaña, Pamplona, Los Patios y Villa del Rosario, el resto de municipios oscila entre 2.500 y 4.000 predios. Con lo que ya evacuamos de Cúcuta y lo que se tiene previsto para este año que es atender las actualizaciones de Pamplona, Villa del Rosario, Bochalema y Chinácota, nos acercamos al compromiso de tener actualizado el 90 por ciento de nuestros predios urbanos y rurales.
¿Cómo está la cobertura con respecto a la legalización de predios?
-La mayoría de los municipios lleva diez años sin actualizar el catastro. Nosotros estamos conforme una programación definida con la Subdirección Nacional de Catastro adelantando gestión con los Alcaldes para que tomen la decisión de participar en estos procesos de actualización catastral aportando recursos para la cofinanciación. El inconveniente es la falta de presupuesto por la situación de iliquidez de los municipios. Sin embargo, los alcaldes deben entender que el mejoramiento de sus ingresos les permitirá cumplir con los programas en que se comprometieron.
¿Qué t ato perturban el conflicto armado y la politiquería el proceso de actualización catastral?
-El conflicto armado crea limitaciones a nuestra gestión como ha sucedido en Tibú y en otros municipios de la zona del Catatumbo en general. En cuanto a la politiquería no. Dado que lo que hace el Instituto es muy técnico y no hay manera de utilizar prácticas politiqueras.”
Autor: por conocer
