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Reforma Rural: una tarea pendiente en la implementación
Los problemas del campo colombiano estaban antes de las FARC y continúan después de ella. La masacre en Tumaco la semana pasada es solo una muestra de lo que se avecina en el país, si no se resuelven los problemas estructurales que aquejan al sector rural desde hace décadas. Eso no es algo nuevo: lo han dicho especialistas, académicos y hasta políticos en libros, clases, foros, conferencias y medios de comunicación. Aún hay mucho que construir, sino todo.
La Reforma Rural Integral (RRI) pactada en La Habana y ratificada, con varios cambios, en el Teatro Colón es una oportunidad para seguir hablando de ello. Volvieron a surgir los no tan viejos debates sobre la excesiva concentración de la propiedad, con el punto de “acceso y uso de la tierra”, o la baja tributación en la propiedad rural que tiene que ver con “formalizar la tierra”. Dos de los problemas estructurales que tanto se recitan y que se plantean en la RRI como la gran promesa para construir un nuevo campo colombiano. Aquí vamos a enfocarnos en explicar con palabras castizas lo que el primer punto de la reforma quiere abordar.
Dichos puntos se dieron a conocer el 26 de mayo del 2013 y aunque las intenciones por parte de los negociadores fueron las mejores, a la fecha de hoy, con la aprobación del Decreto-ley 902 del 2017 para implementar el primer punto, muchas de esas intenciones se han quedado a mitad de camino. Se siente el afán del Gobierno al adoptar este Decreto sin ceñirse cuidadosamente al espíritu del Acuerdo. Tanto así, que desde su mismo contenido no se habla ya de una reforma agraria, con todo lo que esto significa, sino de un ordenamiento social de la propiedad rural con todo lo que esto deja de incluir.
No es una reforma agraria porque no se va a reformar la tenencia ni la distribución de la tierra de la manera que se esperaría, después de casi tres intentos de reformas que ha tenido el país. Por el contrario, el propósito que se evidencia es más bien el de ordenar las propiedades del Estado y las privadas, sobre todo las de aquellos campesinos cuyos derechos sobre la tierra que trabajan no han sido reconocidos por el Estado.
Con el proyecto de ley en curso ya se puede intuir que el mercado de tierras no solo va a favorecer a quienes no tienen cómo y con qué comprar la tierra, sino a cualquiera que pueda pagarla y ponerla a trabajar. Sin embargo, esta no es una reforma redistributiva porque aquí no se le va a quitar la tierra a las grandes empresas ni a las corporaciones.
El recién creado decreto 902 del 2017 ratifica el propósito de ordenar la propiedad y no redistribuirla, con su reglamentación para el uso, acceso, disfrute y derechos sobre la tierra por parte de los campesinos. Es decir, la formalización de la propiedad de quienes no solo han sido despojados y olvidados por el Estado en materia de formalización de sus tierras, sino que han sido los grandes perdedores de las leyes de tierras que le precedieron a la RRI.
En una serie de publicaciones que haremos a través de este medio y en la página web del Observatorio, mostraremos los debates que existen alrededor de esta intención de regular la propiedad privada. El desorden de las instituciones gubernamentales, el interés por la productividad de la tierra, el desconocimiento de procesos locales, los conflictos territoriales y las intenciones de superar la pobreza, son algunos de los temas que desarrollaremos. Les invitamos a seguir nuestra página web, donde explicaremos con más detalle estos problemas estructurales asociados a la formalización de la propiedad rural.
En http://www.observatoriodetierras.org/especial-desde-abajo-y-con-la-tierra/ podrán leer la primera entrega del especial Desde abajo y con la tierra donde hacemos una introducción a los debates sobre la formalización de la propiedad rural. El cual está escrito por los miembros del semillero “Formalización de derechos de propiedad agraria (in)seguridad: ¿una relación de doble vía?”, proyecto de investigación financiado por Colciencias.”
