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¿Cuántos recursos se están destinando a las universidades oficiales? ¿Qué cambios trajo la reciente reforma tributaria? ¿Cuánto se le está quitando a las públicas para darle a las privadas? Aquí, un examen exhaustivo de la situación.
Gerardo Mejía Alfaro*
Aumenta la plata, pero va a las privadas
Como producto de la presión de la comunidad universitaria mediante la movilización estudiantil (MANE) y del trabajo del Sistema Universitario Estatal (SUE), en el año 2010 se consiguieron recursos adicionales para las universidades del país.
El gobierno nacional asignó recursos equivalentes a aproximadamente el 4 por ciento del presupuesto de las universidades. Estos recursos permitieron un relativo equilibrio entre los ingresos y gastos de las mismas durante los años 2011 a 2013, lo cual resolvió temporalmente el problema estructural consistente en que los ingresos crecen al ritmo del índice de precios al consumidor (IPC) mientras que los gastos aumentan cerca de 4 puntos por encima del IPC.
El aumento de los gastos obedece principalmente a la aplicación del Decreto 1279 de 2002 (régimen salarial y prestacional de los docentes de las universidades estatales) y a las alzas salariales que ha decretado el gobierno nacional por encima del IPC, que para los años 2012, 2013 y 2014 no han tenido el respaldo económico por parte del Estado.
Mediante la Ley 1607 de 2012 se creó el impuesto sobre la renta para la equidad (CREE). El 9 por ciento de la tarifa del CREE tendrá distribución específica para financiar las instituciones públicas de educación superior. Sin embargo, se eliminan los recursos adicionales que el gobierno había asignado durante los años 2011, 2012, y 2013 (lo cual ya es causa de una primera desilusión).
Posteriormente, mediante el artículo 18 de la Ley 1739 de 2014 y el artículo 136 de la Ley 1753 de 2015 (Plan Nacional de Desarrollo), se aumentó el aporte de 0, 4 a 0,6 puntos del CREE para financiar las instituciones públicas de educación superior, créditos beca a través del Icetex, y mejoramiento de la calidad de la educación superior. Cabe resaltar además que los recursos del CREE estaban destinados a financiar gastos de inversión para ampliar la cobertura de la educación superior, pero el faltante presupuestal resulta de los gastos de funcionamiento de esos proyectos de inversión.
El aumento de 0, 2 puntos podría verse como un alivio o como una solución temporal para las universidades oficiales. Pero en la práctica ocurrió lo contrario porque estos recursos se orientaron al programa Ser Pilo Paga a través del Icetex. De este modo los nuevos recursos para la educación superior fueron sobre todo a financiar las universidades privadas y apenas en una parte muy pequeña a las universidades públicas (lo cual nos causa una segunda desilusión).
Lo que trajo la reforma tributaria
La Ley 1819 de 2016 adoptó una “reforma tributaria estructural” de la cual las universidades públicas esperaban un respaldo del gobierno para corregir el déficit estructural que está frenando su desarrollo. Esta reforma ha tenido un gran impacto sobre las finanzas de las universidades en tres aspectos:
El artículo 184 modificó el artículo 468 del Estatuto Tributario, que alude a impuesto sobre las ventas (IVA) e indica que “0.5 puntos se destinarán a la financiación de la educación. El cuarenta por ciento (40 por ciento) de este recaudo se destinará a la financiación de la Educación Superior Pública”. Estos ajustes tienen un efecto positivo para las 32 universidades y las 50 instituciones técnicas y tecnológicas del sector público. Aunque estos recursos no cubren el déficit, son muy importantes en el corto y el mediano plazo, puesto que se ha estimado que ascenderán a 520 mil millones de pesos.
El artículo 102 modificó el artículo 243 del Estatuto Tributario, que habla sobre la destinación específica de aquellos 9 puntos porcentuales del anterior CREE (ahora incorporado al impuesto de renta), que empieza a regir en 2017. El numeral 5 del artículo establece que se asignarán “0.6 puntos para financiar las Instituciones de Educación Superior y/o para financiar créditos beca a través del ICETEX”, una suma que asciende aproximadamente a 600 mil millones de pesos.
Estos créditos-beca del Icetex son la base del programa Ser Pilo Paga ¿Cuáles han sido entonces las implicaciones de este programa? El efecto neto consiste en disminuir los recursos destinados a la educación pública superior, de modo que para el próximo año estas instituciones recibirán 160 mil millones de pesos o el 25 por ciento de los recaudos producto del beneficio del CREE; lo demás se distribuyó a través del programa Ser Pilo Paga.
El gobierno nacional opta por financiar la demanda de educación superior, lo cual implica fortalecer las universidades privadas.
En resumen, los recursos que en su momento se consideraban muy importantes para desarrollar proyectos estratégicos de las universidades públicas fueron sustituidos por un programa que en su gran mayoría beneficia a las universidades privadas. Esto lleva a pensar en que el gobierno nacional opta por financiar la demanda de educación superior, lo cual implica fortalecer las universidades privadas.
El artículo 142 modificó el artículo 19-4 del Estatuto Tributario, que se refiere a la tributación sobre la renta de las cooperativas, cuyos recaudos se destinarán a financiar la educación pública superior. Estos recursos son del orden de 60 mil millones de pesos en el año 2018, de 90 mil millones en 2019 y de 120 mil millones en la vigencia 2020.
De esta manera y a modo de resumen, las instituciones de educación pública superior recibirían un total cercano a 1,2 billones de pesos, distribuidos así: 520 mil millones por concepto del IVA, 600 mil millones producto del CREE y 60.000 millones de la renta a las cooperativas. Sin embargo los recursos más cuantiosos serán los provenientes de la destinación específica; pero esto son precisamente los que van a ser erosionados porque no irán exclusiva ni principalmente hacia las instituciones públicas.
Lo que viene
La expectativa más grande gira en torno del artículo 184 de la reforma (participación de las instituciones públicas en el recaudo del IVA – que como bien se sabe, aumentó con la reforma-). Pero en este punto hay que tener presente que estos recursos deberán repartirse entre las universidades y las instituciones técnicas y tecnológicas. Y que además las nuevas medidas afectarán de manera distinta a las universidades públicas según su grado de complejidad y su número de estudiantes.
No hay que olvidar un punto crítico que implica el artículo 369 de la reforma, añadido a última hora en la conciliación del texto entre Senado y Cámara. Este artículo crea el Fondo del Servicio Integral de Educación Superior (FoSIES), administrado por el Icetex, para gestionar los recursos del “Sistema de Financiación Contingente al Ingreso” cuyo propósito es ampliar el acceso y asegurar la permanencia de los estudiantes en universidades acreditadas. Este Fondo del Servicio Integral no beneficia solamente a las universidades públicas sino a todo el sistema.
Estas universidades no pueden cubrir por sus propios medios el faltante en gastos de funcionamiento que cada año aumenta
Pues bien, el segundo párrafo del artículo 369 declara que “Este fondo podrá recibir los recursos del cuarenta por ciento (40 por ciento) a los que se refiere el literal b del artículo 468 del Estatuto Tributario. Estos recursos también podrán destinarse a la financiación de programas consistentes en becas y/o créditos educativos otorgados por el Icetex”. De este modo los dineros del IVA se redireccionan hacia el programa Ser Pilo Paga y permite que -además de las 16 instituciones públicas- se beneficien las 28 instituciones privadas que han sido acreditadas para ese Programa. Con la añadidura de que los recursos se destinan a financiar las matrículas de los estudiantes, no ya los proyectos de inversión de las universidades.
Este riesgo se materializó con la presentación reciente de un proyecto de ley sobre las adiciones al presupuesto del año 2017, entre las cuales se encuentran los recursos para el sector educación. Esto lleva a preguntarse sobre la voluntad política del gobierno nacional con respecto a la educación pública superior, cuyos retos en servirle a Colombia son cada vez mayores y cuyos recursos son cada día más escasos.
La muy difícil situación financiera de las universidades públicas no es un secreto para nadie. Estas universidades no pueden cubrir por sus propios medios el faltante en gastos de funcionamiento que cada año aumenta a un ritmo superior al de las transferencias que reciben de la Nación. Por eso importa analizar muy bien estos componentes de la reforma tributaria y participar en debates calificados para garantizar los recursos que sin duda necesita la educación superior.
* Profesor asociado de la Facultad de Ciencias Económicas, Gerente Nacional Financiero y Administrativo de la Universidad Nacional de Colombia.
Fuente:
http://www.razonpublica.com/index.php/economia-y-sociedad/10179-c%C3%B3mo-est%C3%A1n-desfinanciando-la-educaci%C3%B3n-superior-p%C3%BAblica-en-colombia.html
