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“ La ley que crea Las Zidres en Colombia facilitan el acaparamiento de la tierra. El ritmo de la apropiación de tierras en el mundo en desarrollo se está acelerando rápidamente. Los gobiernos extranjeros, instituciones financieras y las grandes empresas se han combinado para crear una expansión neocolonial, que tiene consecuencias desastrosas para las poblaciones locales, así como el medio ambiente.
Sin embargo, las consecuencias han sido catastróficas para los campesinos, pescadores y pequeños agricultores desposeídos de sus tierras ancestrales. promesas repetidas de beneficios para la población local han sido expuestos como mitos – el tipo de mentiras egoístas que han emanado de largo desde el sector financiero. Un informe de 2012 por Oxfam dice que dos tercios de los inversores en tierras agrícolas en los países en desarrollo exportan todo lo que producen.
Casi el 60 por ciento de los cultivos se utilizan para los biocombustibles, sin embargo, la gran mayoría de las ofertas se encuentran en países con problemas de hambre graves.
“En lugar de usar la tierra para producir cultivos para alimentar a los pobres, ya sea que se haya dejado inactivo, ya que los especuladores esperan a que su valor para aumentar … o se utiliza principalmente para producir cultivos para la exportación”, dice el informe. En 2010, el Banco Mundial co-creó un conjunto de siete Principios para una inversión agrícola responsable que respeten los derechos, medios de vida y Recursos (RAI). Pero los principios se han descartado como una cortina de humo para los impulsos agresivos neoliberales. “El impulso de la RAI se trata de crear una ilusión de que siguiendo una serie de normas, la adquisición de tierras a gran escala pueden llevarse a cabo sin consecuencias desastrosas para los pueblos, las comunidades, los ecosistemas y el clima. Esto es falso y engañoso. RAI es un intento de encubrir los desequilibrios de poder, para que usurpadores de tierras y las autoridades estatales pueden obtener lo que quieren. Los agricultores, pastores y pescadores artesanales, después de todo, no están pidiendo por sus tierras sean vendidas, arrendadas o de distancia.
“El acaparamiento de tierras excluye grandes extensiones de tierras y ecosistemas para su uso actual y futuro de los campesinos, pueblos indígenas, pescadores y nómadas, por tanto, poner en peligro grave de sus derechos a la seguridad alimentaria y medios de vida. Captura lo que existen los recursos hídricos en, por debajo y alrededor de estas tierras, lo que resulta en la privatización de facto de agua.
“La violación de las normas internacionales de derechos humanos es una parte intrínseca del acaparamiento de tierras a través de los desalojos forzosos, el silenciamiento (y peor) de los críticos, la introducción de los modelos no sostenibles de uso de la tierra y la agricultura que destruyen los ambientes naturales y agotan los recursos naturales.”
Regiones como la Altillanura de la Orinoquía y el Caribe han comenzado a generar mucho interés entre inversionistas extranjeros, que ven atractivas oportunidades en agricultura, ganadería, producción de biocombustibles y proyectos forestales. Esto se debe en parte a que Colombia es uno de los países con mayor potencial para ampliar la frontera agraria. Según un estudio de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura (FAO), en Colombia y otros seis países -Brasil, Argentina, Bolivia, Angola, Sudán y la República Democrática del Congo- están concentradas 900 de las 2.600 millones de hectáreas aprovechables para la agricultura que actualmente no están siendo utilizadas para cultivos.
El país sólo habría aprovechado hasta ahora -según la Sociedad de Agricultores Colombianos- el 8% de su superficie arable. Existen ya algunos proyectos significativos, aunque en general aún se encuentran en etapas tempranas de producción. La brasilera Mónica Semillas tiene casi 13.000 hectáreas para maíz y soya en Puerto Gaitán (Meta) y la italo-española Poligrow 6.000 hectáreas de palma en Mapiripán (Meta). El grupo israelí Merhag sembró 10.000 hectáreas de caña para producir etanol en Pivijay (Magdalena). La filial colombiana del grupo Smurfit Kappa tiene 45.000 hectáreas de pinos y eucaliptos para producir pulpa y papel, y la Reforestadora del Sinú -propiedad del grupo chileno Falabella- posee 8.000 hectáreas en Córdoba para un proyecto maderable.
En algunos países, los gobiernos están imponiendo límites máximos sobre la cantidad de tierras agrícolas que los extranjeros pueden adquirir o arrendar. ¿Por qué podrían no ser efectivas estas restricciones?, ¿Acaso podrán estas restricciones hacer la diferencia, especialmente para los pequeños productores de alimentos que luchan por alimentar a sus familias y comunidades? Es muy poco probable, por varias razones.
Propiedad versus alquiler: En muchos casos, las restricciones establecidas se aplican solamente a la compra de la tierra. Fácilmente, los inversionistas pueden irse por otras formas de control sobre la tierra para sus proyectos, tales como el arriendo o las concesiones. Para muchas comunidades, sin embargo, no hay diferencia. Una compañía que obtenga un arriendo por 99 años sobre un territorio o unas tierras sin el consentimiento explícito y directo de los dueños, provoca el mismo efecto que si la compañía hubiera comprado la tierra: sigue siendo una desposesión. Los extranjeros se pueden esconder tras los nacionales: Éste es un truco bien conocido, que asume diversos nombres y variantes alrededor del mundo. Donde los extranjeros —ya sea personas individuales o entidades legales—tengan prohibido poseer tierras, simplemente se esconden detrás de los actores locales. El acaparamiento de tierras directo puede dar lugar al acaparamiento de tierras indirecto: Los inversionistas astutos, que se sienten amenazados por las restricciones sobre la inversión extranjera directa en tierras, pueden cambiar la estrategia y pasar a otros modelos de control de la tierra o los recursos. En 2010, por ejemplo, la compañía china Chongqing Grain Group intentó negociar la compra de 100 mil hectáreas de tierras agrícolas en Bahía, para producir soja para el mercado chino. A medida que las conversaciones sobre la limitación del acceso a la tierra para los extranjeros fueron en aumento en Brasil, se dieron cuenta que estaban en aprietos y cambiaron su enfoque. En vez de intentar la compra, acordaron con las autoridades locales poner su dinero en un complejo agroindustrial local e instalaron unidades de almacenamiento y molienda con miras a la compra de la soja provenientes de 200 mil hectáreas de tierra agrícola dedicadas a esa siembra. De esta manera CGG no alejó físicamente a nadie de la tierra, pero logró más o menos los mismos resultados: entonces los agricultores brasileños están obligados a producir soja para una única compañía, durante un periodo de tiempo significativo, garantizando un suministro barato de aceite de soja hacia China. En otros casos, las restricciones legales para los extranjeros han sido eludidas rezonificando o reclasificando las tierras, o fraccionando las transacciones al punto de que puedan burlar el radar de los reguladores. De nuevo, el modo de acaparar tierras puede cambiar para cumplir con la ley, pero el efecto neto es el mismo.
El presidente de laRepública (o republiqueta), el señor Santos, como se sabe, representa a una élite de propietarios de tierras, a los que ganan sin producir, a los que poseen extensos territorios con ganadería extensiva y sin cultivos. A los que, según el reciente censo agropecuario, tienen el 41 % de los 113 millones de hectáreas de uso agrícola. Una minoría que representa el 0.4 % de propietarios. La última contrarreforma agraria en el país estuvo liderada por el terrorismo paramilitar, que se apoderó de las mejores tierras y provocó un largo éxodo de campesinos. El proyecto “paraco”, que tenía como señuelo dizque la lucha contra la subversión, era, en realidad, una propuesta económica y política en la que también se vincularon terratenientes y ganaderos, aparte de industriales y otros tipos de rancias estirpes (o algo así dijo el extraditado H.H. en algunas audiencias y por eso lo mandaron a temperar a Estados Unidos para que no soltara la lengua), con el fin de “refundar la patria”. Y dentro de esas maneras de rapar la tierra al campesinado en Colombia, de dejarlo de carne de cañón, de paria, que además los que se quedan cultivando no tienen mercado y el TLC los volvió papilla, digo que dentro de esas formas no tan sutiles del despojo, está la de preferir de parte del Estado que los campesinos sean trabajadores agrícolas y no propietarios. Casos se han visto. Como el de Carimagua, por ejemplo.
Y cuando se habla con tanta pompa y ceremonia de restituciones de tierras, se oculta la esencia de un Estado al servicio de las expoliaciones y los atentados contra el campesino pobre. No se advierten, digamos, las “sugerencias” (más bien, órdenes) del Banco Mundial (BM) de que hay que pasar la tierra a los “usuarios más eficientes”, en las que, desde luego, están las transnacionales, que sí aprovechan la “movilidad de los derechos de propiedad”, según palabras del BM en 2007. Las canciones de aquellos días se pueden seguir escuchando porque, de veras, nada ha cambiado desde entonces. Siguen campeando los grandes terratenientes y continúan las miserias de los muchos campesinos sin tierra. “Si molesto con mi canto / a alguien que no quiere oír / le aseguro que es un gringo / o un dueño de este país”.
Autor o fuente: Por conocer
