Publicado en Economía
La lección no aprendida.
En Colombia no contratamos obras sino pleitos interminables.
Hoy no contratamos obras sino pleitos interminables.
Estudios del progreso reciente de las naciones identifican a la ingeniería y su participación en el desarrollo de la infraestructura como componente básico de la competitividad, necesaria para llegar a una comunidad exportadora que permita generar recursos y mejorar el bienestar colectivo.
En Colombia no hemos aprendido esa lección. No tenemos una política con lineamientos de largo plazo, que independice las necesidades de la infraestructura de las conveniencias de los gobiernos.
No disponemos de una política cuyo objetivo sea la confiabilidad del transporte de los productos, con fletes que permitan competir con los de otros países con buena infraestructura. No es sólo el asunto de las carreteras, puertos, telecomunicaciones y servicios informáticos, aeropuertos, capacidad eléctrica instalada y vías urbanas se entrelazan en el concepto de competitividad frente a un mercado donde los asiáticos son cada vez más eficientes.
Colombia, con costas en los dos océanos más importantes, tiene una posición geográfica privilegiada. A pesar de esta ventaja para el comercio, la infraestructura del trasporte de nuestro país tiene deficiencias que no debían existir; estas dependen más de la mala planeación y peor administración que de la falta de recursos a precios constantes, la inversión hecha en los últimos 60 años en la vía Bogotá-Medellín permitiría construir una vía de doble calzada y dos carriles en cada dirección con muy buena velocidad de diseño.
Decenas de los contratos nacionales en ese lapso terminaron mal y se perdieron cuantiosas inversiones en vías terminadas a medias que mostraron un deterioro precoz.
El sistema de contratación imperante, que de manera desequilibrada privilegia el menor costo, conduce a la intervención jurídica de centenares de actividades de consultoría y construcción.
Hoy no contratamos obras sino pleitos interminables, en cuyas discusiones legales la construcción o el proyecto no tienen trascendencia; lo importante es la factura, la constancia, el inciso y el artículo. No aprendemos y se agravan las inconformidades, las fricciones y los pleitos. Hoy, a ingenieros prestantes les dan tratamiento de criminales, a partir de confusas interpretaciones dadas por funcionarios muy distantes de los problemas técnicos.
El sistema de contratación resulta costoso para el país, no sólo porque las obras se atrasan, sino porque la ingeniería se debilita y, en lugar de acumular conocimiento, este se dispersa y a menudo se pierde. Con el dinero que, en sana competencia y precio justo, se hubiera hecho una obra de calidad, al tener que ceder contratos a aseguradoras o contratistas de relevo, produce demoras y obras deficientes; peor aún cuando se contrata con diseños incompletos o sin diseños. Eso lo sabemos y en lugar de mejorarlo lo hemos agravado.
La consideración decisoria del precio mínimo genera rebatiña; las adjudicaciones son ahora verdaderos estrados judiciales donde hay acusaciones y respuestas airadas. La ingeniería nacional se debilita al estimularse la aparición de firmas efímeras que no permiten un buen entrenamiento a las nuevas promociones de ingenieros. Mientras logramos entender a cabalidad cuál es la verdadera dimensión y necesidad de nuestro sistema de infraestructura de transporte, llegan contratistas del exterior con poderosas firmas, apoyadas por solventes bancos y un incuestionable patrimonio de conocimiento acumulado. Sus ingenieros ejercerán sin trabas en Colombia, mientras que para ejercer allá, los nuestros encontrarán toda clase de requisitos por los convenios de reciprocidad de los tratados de libre comercio.
Nuestros mal remunerados ingenieros no podrán prever su vejez y en algunos lustros tendremos una tecnología vergonzante. O pensamos en grande y a largo plazo, analizando y entendiendo a cabalidad nuestros verdaderos problemas, o no levantaremos cabeza como país exportador.
* Ingeniero civil. Alberto Sarria Molina *
