Publicado en Administración, Correspondecia Recibida, Economía, VISIBILIDAD
“Por José Ferney Paz Quintero
El título de esta columna se refiere a una determinada manera de comportarse que debería caracterizar a los gobernantes y a la clase política tan cuestionada en los momentos actuales, con índices bajos de favorabilidad, preocupante para el sostenimiento de la democracia participativa.
Los reiterados hechos que a diario se vienen denunciando, de corruptela, falsedades, compra de conciencias, manejo indebido de los dineros públicos, fraudes electorales una contratación amañada y direccionada a favor de unos cuantos, trasgresiones del estatuto penal, donde las investigaciones se quedan sin sanción alguna, por la pasividad de una justicia que pareciera mirara hacia otro lado, nos hace pensar con mucha razón que estos últimos años en lo político administrativo han sido REPUGNANTES, con un agravante, la inacción social ante el evidente maltrato que venimos padeciendo por parte de una clase dirigente, y algunos políticos venales, al tratársenos con desprecio e irrespeto permanente.
Imposible desconocer esta realidad sociopolítica que viene generando un descalabro moral, debilitando la poca democracia que nos queda, con algo demasiado grave para el concepto de estado, la pérdida de confianza en los órganos rectores de la nación.
En un país como el nuestro donde la corruptela y las indelicadezas son el pan diario, la gran afectada es la política, objeto de una severa desafección social por parte de los votantes, todo por culpa de unos avivatos acostumbrados a actuar como malandrines y abusadores de la confianza pública.
Frente a este panorama de desencanto, peligroso para la institucionalidad que se viene reflejando en las mediciones y encuestas de opinión, quienes son los abanderados de las causas políticas están en la obligación de recobrar esos espacios perdidos, con tesis y programas serios, coherentes, de beneficio colectivo, propósito claro de sanear el trabajo proselitista, para que no sean otras corrientes populistas, retardatarias y de farándula, quienes lo hagan y se aprovechen del malestar social, económico y político actual.
La sociedad entera desea que sus voceros, los que nos van a gobernar a futuro, los que someterán sus nombres en la contienda electoral del 2018 sean ciudadanos de bien, honradas, decentes, con experiencia en lo público, que utilicen la verdad, sin sofismas de distracción, e incluso en casos extremos en los momentos de gobierno no duden en adoptar las medidas que más le convenga al país, por impopulares que sean, como demostración de su talante de gobernante.
Se está a tiempo de devolverle a la política la Dignidad, como una profesión de servicio público para garantizar los derechos de los ciudadanos, que no son más que el derecho a la justicia social, a la seguridad urbana y rural, a la educación, a la seguridad social, al trabajo, a la vivienda digna sin propósitos electorales, como una obligación en un estado social de derecho y no como regalo de algún funcionario con aspiraciones presidenciales.
La dignidad se obtiene cuando se gobierna o actúa con decoro, con trasparencia, con alta dosis de excelencia en lo moral y ético, como característica de quién ejerce la actividad política, por cuanto es el vocero o nuncio del interés general de los ciudadanos, sobre la premisa que quien no esté dispuesto a anteponer el interés colectivo al suyo propio, debería dedicarse a otras actividades y no enlodar el ejercicio de tan noble actividad, como lo es la política, entendida como el arte de gobernar a los pueblos. Un gobernante se hace digno por la ética, la que no es negociable. Con la dignidad no se trafica.
Al observar perplejos como se esquilma y se benefician del presupuesto nacional por funcionarios del más alto nivel, en connivencia con particulares negociantes allegados al poder, no queda otra alternativa que decirle a esa clase corrupta, basta ya, que respeten a la sociedad sana y trabajadora del país, a sus electores, que no es cierto que lo de todos no es de nadie, pertenece a la comunidad, razón para afirmar que es intocable por esas sucias manos que vienen desangrando las arcas oficiales las que deben estar destinadas para obras de desarrollo social, a guisa de ejemplo; mitigar la hambruna de los niños de la Guajira, evitar el cierre de los hospitales públicos, garantizar la enseñanza gratuita, presupuestos para las universidades estatales las que atraviesan por un déficit superior al billón de pesos, agua potable para las comunidades rurales ,y todas aquellas necesidades básicas insatisfechas de aisladas regiones abandonadas a su propia suerte y sólo visitadas por la época preelectoral.
Cuando una enfermedad no es combatida, tratada a su debido tiempo, la consecuencia es su agravamiento; de allí que se sostenga que este cáncer de la corrupción y del abuso del ejercicio público, si no es sancionado con rigor por los jueces competentes, dejando de lado las condenas laxas y aplicación irregular del principio de oportunidad, para muchos principio de impunidad, se permea en el sentir popular la idea de su tolerancia, con incitaciones para su repetición, apelándose a la frase que “ aquel que vive en la impunidad, vive en la legalidad”, significando que aquello que se le trata como impune, tarde o temprano va revistiéndose con mantos de legalidad, como factor de grave riesgo para el futuro del país.
Adenda: Cuando se presentó el descalabro de Interbolsa considerada la firma comisionista de mayor prestigio en el círculo financiero del país, donde millares de inversionistas perdieron el ahorro de la vida como producto de las tropelías y abuso de unos falsos ejecutivos que con sus actuaciones dolosas y fraudulentas demostraron ser unos cacos profesionales con tratamiento benévolo por la justicia al otorgárseles casa por cárcel y otros gozando de libertad por las maniobras jurídico procesales de sus apoderados amparados en el vencimiento de términos, podemos llegar a unas conclusiones, sobre la premisa, ” para verdades el tiempo, para justicia Dios”.
¿Cómo podía impedirse semejante daño patrimonial por parte del gobierno, si muchos funcionarios encargados de ejercer la vigilancia y control fueron empleados de la comisionista?, y ahora se denuncia que el grupo Interbolsa entregó la suma de ciento cincuenta mil dólares al habilidoso lobista Roberto Prieto ( personaje en mora de ser judicializado) para cubrir deudas de publicidad de la campaña Santos, fuera de la relación del Ministro Cárdenas con dicha firma, ya que como alto directivo de una agremiación del sector privado fue el conferencista principal invitado para inaugurar la oficina de Interbolsa en la ciudad de Manizales, en pomposa ceremonia realizada en las instalaciones de su club principal.
Indudablemente son muchas las explicaciones que le debe al país este ministro rentista, incluido el caso Dragacol, símbolo de corrupción estatal, sin considerar que quien debía ejercer esa vigilancia como Súper financiero, un funcionario de apellido Hernández, sancionado por la Procuraduría por su grave omisión en ese desastre bursátil, es premiada su negligencia por el ejecutivo como nuevo codirector del Banco de la República. Ver para creer. Y, luego nos preguntamos, la razón de la desconfianza ciudadana frente a sus gobernantes.”
http://www.eje21.com.co/2017/03/la-dignidad-en-la-politica/
