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El discurso del modelo económico vigente desde finales del siglo pasado nos ha hecho creer que somos más “urbanos” de lo que realmente somos. Sin embargo, la “necesidad de la paz” pareciera hacer sincerar al país consigo mismo, lo que sin duda conduce a que “lo rural” recupere su presencia y a plantear las primeras preguntas. ¿Por qué “lo agrario”, si estamos hablando de acabar la guerra? ¿Cuál es su relación con el conflicto? ¿Cuáles son las tareas pendientes con respecto al campo?

Los antecedentes de esta larga guerra tienen sus raíces en la oposición contra los sectores interesados en modernizar al país y transformar las relaciones imperantes en el campo, reduciendo el monopolio de la propiedad y marchitando la dominación señorial.

La propuesta hizo curso en los idearios de los movimientos agrarios hasta llegar a ser punto de convergencia, pero ha enfrentado las condiciones más adversas. Tanto es así que es solo en medio de una guerra como el país la puede escuchar de parte de sus víctimas.

Años de violencia no han apagado las demandas de modernización y democratización, que fueron retomadas en el reciente Informe Nacional de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Este nos recuerda que “la calidad de vida en las urbes depende del bienestar de quienes habitan en las zonas rurales”.

Poco antes del Foro, las comisiones de paz del Senado y la Cámara hicieron una extensa consulta regionalizada sobre los temas de las conversaciones de paz y encontraron la misma priorización del tema agrario y de una reforma del sector.

No pueden pasarse por alto estas coincidencias. Sin embargo, los estudios técnicos no han sido suficientes para lograr que los sectores en el poder reconozcan la trascendencia que tiene para el bienestar del país solucionar los problemas agrarios. La sociedad colombiana difícilmente podrá enfrentar los retos de una crisis mundial sin resolver los conflictos rurales.

Un informe reciente sobre la agricultura latinoamericana y caribeña destaca cómo, a partir de que los aumentos de los precios de los alimentos encendieran las alarmas sobre la sostenibilidad de la seguridad alimentaria global en 2007 y 2008, “la agricultura ha sido un foco de atención pública”.

Llama la atención que, ante las conversaciones de paz, autores de marcado conservadurismo económico rescatan las ventajas de la producción campesina frente a los grandes productores. De esta manera, nos encontramos ante una revalorización de la agricultura y, en particular, de la agricultura familiar campesina.

Las propuestas del Foro

Del Foro surgieron propuestas orientadas a modernizar y democratizar nuestro mundo rural: a proveer bienes y servicios básicos, a usar adecuadamente los recursos agroecológicos y a mantener un equilibrio entre lo rural y lo urbano mediante el ordenamiento social y ambiental del territorio.

La reforma agraria integral requiere proveer a las comunidades campesinas de tierras, asistencia técnica, crédito, infraestructura de transporte y electricidad.

También exige recuperar y fortalecer los mercados regionales a través de la priorización y ejecución de programas de desarrollo productivo dirigidos a estabilizar a las poblaciones locales.

Asimismo, debe asegurarse el abastecimiento alimentario, de materias primas y productos procesados para los mercados interno y externo, en condiciones adecuadas de empleo, ingresos y protección del patrimonio ambiental.

De otro lado, se planteó que “las relaciones de índole política entre el Estado y el campesinado deben tener como punto de partida el reconocimiento político-jurídico del habitante rural como sujeto de derechos ciudadanos y colectivos, desde su diversidad y la de sus comunidades; estos incluyen su derecho a la tierra y a su territorio, a la participación y a la representación política plena y autónoma, con las correspondientes garantías para su ejercicio”.

Este enfoque tiene alcances en varias dimensiones: de una parte, en el debate sobre el modelo de desarrollo económico; de otra, en la proyección de este modelo sobre las relaciones entre la sociedad y su espacio; en este caso particular, entre las comunidades campesinas y sus espacios: el territorio y la tierra.

La propuesta de ordenamiento supone definir los espacios más adecuados para producir los alimentos y organizar a las comunidades. En consecuencia, pide que se reconozca la territorialidad de los campesinos, tal como la que tienen y se proponen ampliar los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes.

Una expresión de esto son las zonas de reserva campesina, que pueden entenderse como una medida para equilibrar y democratizar las relaciones sociales; establecer una interlocución pacífica entre el Estado y las comunidades; y crear mecanismos de participación política que les garanticen su autonomía y les permitan participar en las diferentes instancias de planeación, diseño y ejecución de políticas públicas (articuladas a todos los asuntos que les son propios, incluida la participación efectiva de las mujeres).

Acceso y uso del suelo

Según el DANE, a mediados de la década pasada, las fincas de mayor tamaño dedicaban más del 15% de su superficie a praderas. Abarcaban así el 42% de las tierras ganaderas, pero destinaban solo el 0,8% a usos agrícolas.

A esto se asocia una baja formalización de la propiedad, lo que ha facilitado la apropiación de rentas del suelo, la evasión fiscal, el lavado de dineros del narcotráfico y la usurpación de tierras. No es difícil comprender que quienes más se oponen a las reformas del statu quo agrario son quienes más beneficios reciben de él.

Mientras, al igual que otros países de América Latina, Asia y África, Colombia tiende ahora a extranjerizar grandes extensiones de sus tierras agrícolas. Empresas trasnacionales quieren controlar estas superficies para destinarlas a la producción de agroexportables, proceso que agrava la concentración de la propiedad rural.

Existe un consenso en las propuestas del Gobierno, el conjunto de las organizaciones campesinas presentes en el Foro y el PNUD sobre la necesidad de “eliminar la inequitativa concentración de la propiedad rural” (artículo 162 del proyecto de ley de tierras y desarrollo rural), para ampliar el acceso de los trabajadores agrarios carentes de tierra o con muy bajas disponibilidades de ella, como lo prevé la Constitución.

Para atender estos propósitos, el Gobierno deberá actuar frente a la concentración improductiva de la tierra mediante instrumentos fiscales que la graven de forma efectiva y consistente con las condiciones agroecológicas. De manera tal que sea posible reasignarla en función de su aprovechamiento para abastecimiento alimentario, la superación de la pobreza y la preservación del patrimonio ambiental.

No se concibe desmantelar agroindustrias ni plantaciones ni implantar formas artesanales de procesamiento y comercialización. Se propone, en cambio, que todos quienes actúan en el proceso productivo y en su realización sean partícipes de los beneficios.

La sociedad colombiana y su Estado deben asumir el diseño, financiación y aplicación de instrumentos del registro catastral y de los gravámenes prediales, que son incentivos positivos y negativos para localizar y desarrollar proyectos urbanísticos, industriales, agroindustriales y turísticos.

La restitución de tierras

Ante la magnitud de la usurpación de tierras y el desplazamiento forzado de millones de personas, el Gobierno nacional impulsó la Ley 1448 de 2011 (o ley de víctimas y restitución de tierras). Su propósito no solo constituye una obligación constitucional del Estado y de la sociedad, sino que apunta a la viabilidad de esta en su conjunto.

Sin embargo, su aplicación hace evidente que, además de las dificultades derivadas de los requisitos técnicos y administrativos, los beneficiados por el despojo están ejerciendo sus potentes capacidades políticas, armadas y burocráticas para impedir la restitución.

Como parte de la política para enfrentar este fenómeno, se ha planteado la titulación masiva de tierras, argumentando que la informalidad de las transacciones ha facilitado el despojo.

No obstante, dentro de esta misma política están presentes figuras que pueden obstaculizar la restitución, como ocurre con el derecho de superficie y el reconocimiento de los “ocupantes de buena fe”, así como con la preexistencia de derechos en áreas que fueron ocupadas antes de ser declaradas zonas de reserva forestal. Esta circunstancia implica la protección del Estado sobre ellas, pero impide que sean las propias comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes las que las protejan.

Inquietan, sin embargo, otras consideraciones. De una parte, en condiciones de guerra es explicable que una proporción significativa de los desterrados no quieran regresar en las condiciones en las cuales se produjo su expulsión. De otra, está la insistencia en que la titulación está ligada al propósito de extender la acción del crédito bancario a estos productores campesinos, que tendría como requisito que los predios puedan constituir garantías crediticias.

Dadas las incertidumbres de la producción agrícola y de su comercialización (que son mayores debido a las perspectivas de ingresos masivos de importaciones de productos subsidiados, gracias a los tratados de libre comercio), será necesario contar con normas que protejan a los productores –que, para empezar, den garantías diferentes a los predios de los productores–, así como con tasas efectivas de interés para estos créditos que les aseguren sostenibilidad económica a las empresas agrícolas.

La territorialidad campesina

En este marco, ameritan atención especial los territorios campesinos. En el país han surgido modalidades de autonomía campesina como la de los palenques. En etapas más recientes, el desarraigo forzado de familias y comunidades ha sido el motor de la expansión de las grandes propiedades y de la formación de una oferta de mano de obra disponible y barata en los mercados laborales rurales y urbanos.

El aumento de estas presiones ha conducido a grupos de diferentes regiones del país a construir una territorialidad propia, surgida de su vida misma: las zonas de reserva campesina. Aquí es familiar la imagen de la vereda. Y ¿qué otra cosa son las reservas campesinas que veredas organizadas, en donde se protegen los lazos de familia y amistad, las prácticas del intercambio de semillas, de misas y peregrinaciones, de entierros de parientes y amigos?

En el futuro inmediato son el punto de partida de las reformas agrarias, desde lo local, con conocimiento de las tierras y del poder, sin burocracia. Son también una propuesta para organizar y proteger a las familias atendidas con la restitución de sus predios.

Esta figura, que tiene antecedentes legales en el Decreto 1110 de 1928 (por el cual se crearon colonias agrícolas en varias partes del país), fue acogida por la Ley 160 de 1994. Sus potencialidades para blindar a las comunidades de los riesgos del despojo la han hecho atractiva para los campesinos. Y el propio Gobierno la ha acogido en su proyecto de ley de tierras y desarrollo rural. Puede articularse con otras propuestas de carácter asociativo y cooperativo (rurales y urbanas) que fortalezcan a estos colectivos y viabilicen su enlace con los mercados locales, regionales y externos.

Hoy, cuando el movimiento agrario reclama el acatamiento de la ley en materia de fortalecimiento de las reservas campesinas, el Gobierno bien puede dar por terminadas sus señales contradictorias e impulsarlas con gesto amistoso y desprevenido, sin amenazas ni constricciones, a través del acompañamiento técnico y la financiación de sus proyectos.

Al respecto, el Foro recogió la propuesta de crear un sistema nacional de zonas de reserva campesina, cuyo objetivo estratégico sea contribuir a la reforma agraria, al desarrollo sustentable de los territorios campesinos, a la conservación de la biodiversidad y a la soberanía alimentaría del país, mediante la articulación equitativa entre Estado, comunidades campesinas y empresarios.

(Por: Darío Fajardo M.,)

Fuente:http://agenciadenoticias.unal.edu.co/detalle/article/el-futuro-del-campo-en-manos-de-la-paz.html