Por: Rodrigo Uprimny Yepes
La Corte Suprema tiene una deuda profunda con el país por su gravísimo error al elegir, hace cuatro años y por unanimidad, a Francisco Barbosa como fiscal general, tal vez el peor que hayamos tenido jamás, que no es decir poco, pues la competencia por ese título es muy dura. Una forma mínima que tiene la Corte para resarcir ese tremendo daño es que seleccione, sin demora, al reemplazo de Barbosa. Y ya habría podido hacerlo, pues el presidente Petro le hizo llegar una excelente terna, luego del cambio de un nombre discutible, desde septiembre del año pasado. Sin embargo, el pasado jueves, nuevamente y sin ninguna razón sólida, la Corte dilató esa decisión.
Recordemos cómo fue la elección de Barbosa: el entonces presidente Duque envió a la Corte Suprema su terna el 3 de diciembre de 2019: estaban Barbosa, compañero de pupitre de Duque en la universidad y su consejero en derechos humanos; Camilo Gómez, quien había sido comisionado de paz de Pastrana y fórmula vicepresidencial de Marta Lucía Ramírez; y Clara González, secretaria jurídica del propio Duque. La terna era entonces regularzona: ninguno tenía experiencia en investigación penal ni conocía el funcionamiento de la Fiscalía, que son obviamente cualidades centrales para ser un buen fiscal general. Y más grave aún: la independencia e imparcialidad de los ternados podía ser cuestionada por su cercanía al presidente Duque o a otras fuerzas políticas de la coalición gubernamental.
A pesar de todo, cualquiera de los otros dos aspirantes parecía más apto para el cargo que Barbosa: Camilo Gómez tenía cierta experiencia en asuntos públicos y Clara González había mostrado rigor e independencia de criterio como secretaria jurídica de Duque. Barbosa, en cambio, había sido severamente criticado por varios periodistas o columnistas, no solo por su cercanía al presidente y su inexperiencia para manejar una entidad tan compleja como la Fiscalía, sino, además, por graves cuestionamientos éticos en su contra. Por ejemplo, con el rigor periodístico que lo caracteriza, Yohir Akerman mostró que Barbosa cambiaba de posición según el gobierno de turno y había pasado, por ejemplo, de defender a ultranza a la JEP durante el gobierno Santos, a criticarla encarnizadamente al subir Duque al poder. Por mi parte, con referencias precisas, mostré que Barbosa no debía ser fiscal general por cuanto como consejero presidencial había manipulado las cifras sobre asesinatos de líderes sociales con el fin de sostener que la situación estaba mejorando sustantivamente durante el gobierno Duque, lo cual era mentira y la matazón seguía.
A pesar de esos cuestionamientos contra Barbosa y de que la Corte solo tenía en ese momento en propiedad 16 magistrados de los 23 que en principio la integran –lo que hacía muy difícil lograr la mayoría calificada necesaria para elegir al fiscal general–, Barbosa fue electo en forma unánime el 29 de enero de 2020. Y vino su desastrosa, pero previsible gestión: cuatro años de barbosadas.
En menos de dos meses, la Corte Suprema eligió a Barbosa en 2020, a pesar de los cuestionamientos en su contra y de todas las vacantes que tenía el tribunal en su momento. En cambio, en 2024, esa corte no ha sido capaz de elegir al reemplazo de Barbosa, a pesar de que no tiene vacantes y han pasado más de cuatro meses desde que recibió una excelente terna, integrada por tres mujeres independientes, sin cuestionamientos éticos y con experiencia en investigación criminal y un buen conocimiento del funcionamiento de la Fiscalía. Por favor, Corte Suprema: elija a la nueva fiscal general antes de que Barbosa termine su período, a fin de evitar que este prolongue su funesta gestión a través de su cuestionada vicefiscal Mancera.
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